Los recortes hay que recordarlos.
En febrero os hablaba, en una entrada de este blog, de que se había recortado el número de enfermedades detectables en los recién nacidos en la prueba del talón (pasábamos de 15 que se hacían en 2011 a 3 actualmente). Y, desgraciadamente, seguimos igual.
Un artículo de El País del 17 de abril también recordaba este recorte en prestaciones injustificado y que afecta a los recién nacidos de nuestra comunidad. Y lo es por varias razones:
- Por humanidad: El test permite diagnosticar precozmente enfermedades raras que pueden llegar a ser mortales o incapacitantes para los niños afectados y disponemos de la tecnología para ello. No está justificado que no sea así.
- Porque es barato: El programa de detección cuesta unos 84.000 euros al año (cifra que costó el programa de detección en 2011 publicada en el Boletín Oficial de CLM) para unos 13.000 bebés que nacen cada año en Castilla-La Mancha (¡menos de 7 euros por niño!).
- Porque la mayoría de los países de nuestro entorno consideran que es coste-efectivo. Es decir, que cuesta, sólo en dinero (sin considerar otros aspectos como la calidad de vida), mucho más no hacer estos test de detección ampliados pues la consecuencia sería la aparición de daños cuyo tratamiento posterior es muchísimo más caro (diálisis, transplantes renales, tratamientos de retrasos psicomotores y mentales,...).
- Porque la mayoría de las comunidades autónomas de nuestro país consideran que es coste-efectivo (por ejemplo: Madrid, Murcia, Andalucía -aquí son 30 patologías las detectadas con la prueba del talón-, Galicia,...) y no sólo no reducen el número de pruebas sino que la tendencia es a ampliar el cribado metabólico, incluso ahora, en época de crisis.
El lunes 16 de abril acudí a una reunión en el Colegio Oficial de Médicos. Era la primera asamblea extraordinaria que se convocaba en la historia del Colegio Oficial (la situación actual y su deriva en nuestra provincia nos preocupa a todos, médicos y pacientes). El presidente del Colegio nos recordó a todos no sólo el derecho a la objeción de conciencia sino la obligación y responsabilidad de ejercer la objeción de ciencia: si algo se puede hacer mejor y existen los medios hay que hacerlo así y si no se hace, nuestra obligación (en mi caso como pediatra) es denunciarlo.
Los recortes hay que recordarlos y denunciarlos para que no caigan en un olvido intencionado.
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